En estos días se ha desatado una polémica respecto a un canal de televisión que emitió un reportaje en que una trabajadora de casa particular intenta matricular a su hijo en un colegio de élite, siendo discriminada en razón de su labor. La situación de discriminación que enfrentan las trabajadoras domésticas ha estado en el centro de diversos episodios noticiosos en que se han denunciado circulares de clubes que impiden su ingreso sin el uniforme que las identifica, o la imposibilidad de las trabajadoras de circular libremente por un condominio exclusivo.
El reportaje no muestra en verdad nada nuevo. Sólo la realidad de una sociedad obscenamente segregada, en que la desigualdad es la regla, y que tiene en los escalones más bajos de la valoración social y laboral a las mujeres trabajadoras de casa particular. Sin embargo, lo verdaderamente impúdico es que no es sólo la sociedad chilena en general, y los colegios, barrios y clubes de élite en particular, quienes establecen diferencias difícilmente justificables entre asesoras del hogar y el resto de la población, también lo hace la legislación vigente. Así, son víctimas de una triple discriminación: social, jurídica y de género.
Prácticamente junto con el reportaje que ha desatado la controversia, el día 8 de mayo ingresó al Congreso un mensaje del ejecutivo que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los y las trabajadoras de casa particular. Se trata de un hecho, desde luego menos noticioso, pero de mayor relevancia.
Este proyecto es una respuesta institucional concreta que viene a corregir desigualdades injustificadas, y que encuentra su nacimiento en el trabajo de las mismas trabajadoras organizadas en la Coordinadora de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular, lideradas por Ruth Olate, Presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (SINTRACAP) y vocera de la Coordinadora, y asesoradas por Natalia Flores, encargada del Área de Apoyo a la Agenda Legislativa con Equidad de Género del Observatorio de Género y Equidad, con el Ministerio del Trabajo.
Han sido las mismas trabajadoras quienes, lejos de verse a sí mismas como “casi de la familia”, o “agradecidas de sus patrones”, han demandado que se les trate, por la sociedad y por el derecho, como lo que son: trabajadoras sujetas de derecho que, en una sociedad donde los ciudadanos y ciudadanas no admiten distintas categorías, exigen igualdad de derechos laborales.
Calificativos pretendidamente afectivos como “nanita”, conciben a la trabajadora desde una visión paternalista, que se relaciona con una concepción de familia patriarcal y jerárquica, en que el dominio del “Jefe de Hogar” se extiende hasta la persona de la “nana”. Esta aproximación invisibiliza el carácter de la trabajadora doméstica de persona que realiza una función por la que recibe una remuneración, una trabajadora en todo el rigor de la palabra.
La trabajadora de casa particular, y su régimen laboral que hoy permite una jornada de hasta 12 horas diarias para trabajadoras “puertas afuera” y sin jornada definida con un mínimo de descanso de 9 horas ininterrumpidas para trabajadoras “puertas adentro”, y que sólo desde marzo de 2011 cuenta con el derecho a recibir un salario mínimo igual al de los demás trabajadores (en virtud de un cambio legislativo del año 2008), es la cara oculta, ignorada más bien, de la incorporación de las mujeres a la vida laboral y al espacio público.
La división sexual del trabajo ha implicado que para que una mujer (la “señora”) pueda realizar su proyecto de vida en el espacio productivo o público, el trabajo doméstico sea asumido por otra mujer (la “nana”) – conforme los datos consignados en el mensaje, el trabajo en casa particular corresponde en un 95% a trabajadoras vs. un 5% de trabajadores–, que por regla muy general, se trata de una persona en situación de vulnerabilidad por contar con bajo capital cultural, a lo que se puede sumar en algunos casos la condición de vulnerabilidad por ser inmigrante.
De esta suerte, los avances en igualdad de género en la sociedad actual están pasando por un traslado de los “roles históricos” de unas mujeres a otras, que deben a su vez postergar sus proyectos familiares y personales. A ellas, lo mínimo que la sociedad les puede reconocer es su dignidad de trabajadoras.
Es de esperar que el proyecto del ejecutivo, que es quien maneja los tiempos legislativos, vaya acompañado por una voluntad política real de impulsar el proyecto y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de casa particular. Por lo pronto, el Convenio 189 de la OIT y la Recomendación 201, que promueve el trabajo decente para trabajadores y trabajadoras del hogar, se encuentra firmado por Chile pero no ratificado. La Cámara de Diputados por unanimidad envió al ejecutivo un proyecto de acuerdo solicitando su ratificación pero hasta ahora no existe la voluntad de contraer compromiso internacional en ese sentido.
